JUSTICIA
Cuando se habla de justicia,
básicamente se hace hincapié a lo justo, es decir, darle a cada quién lo que le
corresponde. Aquí impera mucho el aspecto de la equidad. Para ello, está
compuesto por un conjunto de normas jurídicas que se van a encargar de regular
la conducta de la sociedad, a los fines de mantener el orden social en el
Estado o nación. Es importante, resaltar, que en Venezuela, existe un sistema
de administración de justicia, de conformidad a lo establecido en el artículo
259 de la Carta Magna, y especifica que ésta la integrarán el Tribunal Supremo de
Justicia y demás tribunales de la República, así como los abogados autorizados,
los ciudadanos, los órganos auxiliares de investigación (C.I.C.P.C., Policía,
etc), el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los jueces de paz, los
escabinos, entre otros. La finalidad que tienen éstos órganos es administrar
justicia y respetar los derechos indicados en el artículo 49 ibidem,
relacionado con el debido proceso (cumplir con los lapsos).
De lo anteriormente expuesto, se
deduce que el acceso a la justicia es uno de los derechos humanos más
importantes en un sistema que propugna como uno de sus fines supremos, la
igualdad sin discriminaciones ni subordinación alguna. Igualmente, el acceso a
la justicia debe ser entendido como las facultades de todos los habitantes de
un país para dirigirse ante las autoridades competentes para hacer valer, en
condiciones de igualdad, sus derechos e intereses. Pero, esta facultad no se refiere solamente a
la posibilidad de acceder físicamente a los órganos de administración de
justicia, si no a la garantía de obtener de ellos con una decisión justa y
oportuna.
En el mismo orden de ideas, los
ciudadanos tienen derecho a que se les haga justicia en el entendido que tal
justicia sea efectiva, pues resultaría ilógico pensar que los ciudadanos tienen
derecho a una justicia ineficaz. Puede que en la práctica alguien pueda decir
que cuando los ciudadanos acuden a los tribunales están ejerciendo mas un
derecho a la justicia, pues las limitaciones o concepciones jurisprudenciales
restrictiva a todos los niveles del proceso, desde su acceso hasta su
ejecución, sumando esto a la extraordinaria lentitud, hacen del proceso una
especie de caricatura de la justicia.
RAMAS
DEL PODER
La administración pública es
realizada por el Estado (Poder Público) y está encargada de prestar servicio a
los ciudadanos con miras a la satisfacción de sus necesidades. Asimismo, se
entiende ésta como la actividad y función del Estado en los órganos, entidades,
jerarquías y escalas que corresponde.
La Administración Pública fue
transformada a partir de la promulgación de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, ya que surgieron nuevos paradigmas con relación a los
Poderes que integran el país, así como
la integración de derechos de los cuales gozan los ciudadanos. Es
importante destacar, que esa norma viene a ser de carácter general, por cuanto
es aplicada, a toda la colectividad venezolana sin distinción; enfocada en la
igualdad de condiciones.
La Constitución de 1961, presentaba
una estructura del Poder Público, concentrada en tres: Ejecutivo, Legislativo y
Judicial. Sin embargo, hay que significar, que una de las innovaciones que
trajo consigo nuestra Carta Magna fue la incorporación de dos Poderes, lo cual
quedó estructurada en:
ü Poder Ejecutivo.
ü Poder Legislativo.
ü Poder Judicial.
ü Poder Ciudadano
ü Poder Electoral
Cada uno de esos Poderes tiene
atribuida sus funciones, que algunas veces pueden actuar o tener competencias residuales,
concurrentes, así como exclusivas.
Cuando se habla de las competencias residuales, es porque no están
definidas en la Ley si es Estadal o Municipal. Las exclusivas, se refieren a
las atribuciones que le competen indiferentemente a cada Poder, por gozar de
autonomía técnica, en su especialidad y conocimientos; funcional, ya que
depende de sí misma en su desempeño y financiera, porque administra su
patrimonio. Sin embargo, también existen las competencias concurrentes, que
vienen a ser aquellas que son ejecutadas de manera conjunta entre el Poder
Nacional, Estadal o Municipal, y que necesariamente deben estar previstas como
tal en la norma. No hay que olvidar que entre los Poderes existe un principio
de cooperación y corresponsabilidad, ya que a pesar de que cada uno tiene sus
funciones propias, deben colaborarán entre sí para la consecución de los fines
del Estado
Así pues, se tiene que los Poderes
Públicos, según lo contemplado en el artículo 136 de la Carta Magna, se distribuyen en:
1.- Poder Público Nacional: éste a
su vez está dividido en Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y
Electoral. El Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República,
quién según lo establecido en el artículo 236, tiene la facultad de realizar
las actividades o funciones como jefe de Estado o jefe de Gobierno. Actúa como
jefe de Estado, cuando representa a la República a nivel internacional, es
decir, en otros países, a través de la suscripción de convenios, tratados,
entre otros. Mientras que cuando efectúa las funciones internas del país, se
dice que está actuando como jefe de gobierno. Las competencias se encuentran
tipificadas en el artículo 156 de la Constitución Nacional.
Es importante enfatizar que si se
parte del principio de que la
Constitución y la Ley definen las atribuciones que corresponden a los órganos
que ejercen el Poder Público es imperativo que ellos deben sujetarse a las
actividades que se les señala dentro del marco de competencia que se le asignan
en la Constitución y la Ley.
En cuanto al Poder Legislativo,
representado por la Asamblea Nacional, facultada esencialmente para legislar,
es decir, crear, sancionar, modificar, reformar parcial o total las leyes que
amerita la nación; tomando en consideración para ello, las necesidades
sociales, económicas, políticas, etc. Dichas normas serán creadas y tendrán
carácter general a la sociedad a nivel nacional, por lo cual deberán respetar
los entes públicos. La Asamblea Nacional
está integrada por Diputados o Diputadas que son electas a través del voto
popular, donde existe un Presidente, Vicepresidente, Secretario (a).
El Poder Judicial: De acuerdo a lo
contemplado en el artículo 259 ejusdem, en Venezuela existe un Sistema de
Justicia, la cual tiene como función administrar justicia, donde el máximo
representante es el Tribunal Supremo de Justicia. Para llevar a cabo esa
justicia con eficacia y eficiencia, dicho órgano se vale del apoyo y
colaboración por parte de los órganos de
investigación auxiliares (CICPC, Policía), Ministerio Público (encargado de
realizar investigación y buscar los indicios que determinan el juicio), lso
abogados, los ciudadanos, los Escabinos (personas que son seleccionado mediante
un proceso para participan en juicio a los fines de esclarecer información,
pero que no sean profesionales del derecho y no tenga conocimiento de ello).
El Poder Ciudadano, el cual forma
parte del Consejo Moral Republicano y finalmente el Poder Electoral, cuyo
órgano rector es el Consejo Nacional Electoral (C.N.E.), quién tiene bajo su
responsabilidad todo lo inherente a los comicios electorales y conocer todos
aquellos casos pertinentes.
2.- Poder Público Estadal. Aquí no
se encuentra inmerso el Poder Público Municipal. Cuando se habla del Poder
Estadal, se basa en especial a los Estados, los cuales son entidades políticos
territoriales es considerado persona jurídica, de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 19 del Código Civil de Venezuela, el cual goza de autonomía en
cuanto a la independencia, soberanía e integridad nacional y tiene como
obligación cumplir y hacer cumplir la Constitución y demás leyes de una nación.
Por otro parte, es necesario
acotar, que dicha autonomía no es plena
en todos los ámbitos, por cuanto los Estados deben regirse por las legislaciones nacionales, a pesar de que
está facultado para crear su propia Constitución siempre y cuando no colide con
las leyes creadas a nivel nacional, por cuanto esto acarrearía la nulidad por
ser inconstitucional, bien sea parcial o total.
Es importante destacar, que el
Estado, es una figura que tiene su fundamento legal en el artículo 159 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y para que sea constituido como tal, requiere de la
existencia de tres elementos, tales como: 1) territorio, que se refiere al
espacio físico, o porción limitada y
delimitada de la superficie terrestre sobre la cual se extiende el dominio del
Estado. Es por ello, imposible hablar de Estado sin territorio. 2) Población,
son los habitantes o el grupo de personas asentadas en determinado territorio.
C) Gobierno: es el conjunto de instituciones del Estado. También se puede decir
que el la dirección que se ejerce en el Estado, lo cual se caracteriza por ser
responsable y determinar la orientación política del país. En Venezuela el
Gobierno es: democrático, participativo, electivo, descentralizado,
alternativo, responsable, pluralista y de mandato revocable.
El Gobierno y administración del
Estado corresponde a un Gobernador, que es elegido mediante el voto directo,
secreto y universal por períodos de 4 años y puede ser reelegido por una sola
vez de inmediato.
Por otro lado, se hace mención a
que el Estado es visto como un Estado Federal, por cuanto se basa en la
descentralización que consiste en la división de Poderes. Uno de los aspectos
federalistas es la elección popular de los Gobernantes Estadales, por la mayoría de las personas que
voten por estar debidamente inscritos en el Registro Electoral a partir de la
mayoría de edad (Artículo 18 C.C.)
Los Estados son entidades
organizadas en Municipios, mediante la Ley de División Político Territorial. El
Estado Venezolano se constituye en un Estado democrático, social
independiente, igualdad, de justicia; razón por la cual tiene
enmarcado un conjunto de ordenamientos jurídicos que rigen la conducta de la
sociedad. De allí, surge el Estado de derecho, que no es más que una sociedad
políticamente organizada donde la ley está por encima de los gobernantes, y por
ende es de carácter general, debido a que se aplica de manera equitativa a toda
la sociedad, con el propósito de regir los comportamientos y conflictos a que
hubiere lugar y que estén tipificados como tal.
Recuérdese que las leyes no se
crean de la nada, sino que éstas mayormente derivan de la costumbre y de las
necesidades de una determinada nación, cuando de cierta manera se esté
produciendo consecutivamente hechos que afectan a la colectividad y
evidentemente requiera normas que regulen dicha actuación.
Por su parte, el filósofo Kelsen
Hans, en su estudio de la Teoría General del Estado, identifica al estado con
el derecho, afirmando que el Estado no puede ser concebido sin el derecho,
porque el Derecho Positivo no puede ser pensado aparte del Estado.
Aún cuando la Constitución del 1999
rompe con la estructura clásica de la división de los poderes en Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, al añadirle a éstos el Poder Ciudadano y Poder
Electoral; sin embargo, es preciso destacar que tal división ser refiere de
manera especial al Poder Público Nacional, de acuerdo al artículo 136 ibidem,
más no al Poder Estadal, que cuenta solamente con dos Poderes: el Ejecutivo y
el Legislativo. Hay que considerar que el Poder Judicial está y se mantiene
nacionalizado desde 1945 y por tal motivo, es competencia del Poder Público
Nacional. En cuanto al Poder Ciudadano, éste presenta una estructura compuesta,
organizada para funcionar en el ámbito nacional, donde intervienen: Defensoría
del Pueblo, Ministerio Público y Contraloría General de la República. Con
relación al Poder Electoral, es netamente atribución del Poder Nacional, a los
fines de que regule los procesos electorales en todo el país.
Los Estados son entidades autónomas
e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena, y quedan obligados a
mantener la independencia, soberanía e integridad nacional, y a cumplir y hacer
cumplir la Constitución y la ley de la República. En cada Estado existe un Consejo Legislativo,
encargado de crear, reformar parcial o total las leyes del Estado, tomando en
consideración los principios Constitucionales y las leyes nacionales, a los
fines de que no colide y no sea inconstitucionalidad, ya que originaría la
nulidad parcial o total de la misma.
El Poder Legislativo Estadal, está
integrado por Legisladores, los cuales se rigen principalmente por la
Constitución y la Ley de los Consejos Legislativos de los Estados. Por ejemplo,
en el Estado Cojedes, son 7 Legisladores los que conforman la Cámara Plena,
donde existe una Directiva a saber: Presidente, Vicepresidente, Secretario de
Cámara y Auditor Interno (previo concurso). Dichos funcionarios tienen un
período de 4 años y la Directiva es nombrada y designada anualmente todos los 5
de enero, caso contrario sigue el proceso normativo para ello. Estos
funcionarios gozan de ciertas prerrogativas en el ejercicio de sus cargos, como
la inmunidad parlamentaria.
3.- Poder Público Municipal: es
realmente independiente del Poder Estadal, a pesar de que éste forma parte del
Estado, es decir, que los Estados, se organizan en Municipios, y éstos a su vez
en Parroquias (Artículo 173 CRBV). Los Municipios según lo previsto en el artículo 168 de la
Carta Magna, constituyen la unidad primaria de la organización Nacional,
gozando además de autonomía dentro de
los límites y alcances contemplados en la Constitución y en Ley, siempre y
cuando no menoscabe ni interfiera en las atribuciones de los demás entes.
Al igual que los Estados, éstos
tienen personalidad jurídica, y son representados por un Alcalde, que es
elegido por voto popular, por un período de 4 años, pudiendo ser reelegido una
vez. El Alcalde es la primera autoridad civil del Estado, todo ello de
conformidad a lo consagrado en el artículo 174 de la Constitución vigente. Este
órgano al igual que los otros tiene Ejecutivo y Legislativo, el primero
presidido por el Alcalde del Municipio. Mientras que el segundo está a cargo
del Concejo Municipal, quiénes tienen la facultad de legislar en materia de
carácter municipal, tales como ordenanzas en el caso específico de los
tributos, el cual es una de las potestades de la Alcaldía como tal, crear,
recaudar e invertir ingresos, que vayan a bienestar social y a mejoramiento de
la prestación de servicios públicos.
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